Una verdadera reforma política para la Ciudad de México

En los últimos meses se ha discutido
una “reforma política” para el Distrito Federal (DF). Una que busca que pase a
tener derechos iguales que el resto de los estados de la república, pues ahora
es un territorio especial donde se asienta la capital de México. Con esta
reforma se pretende que el DF cuente con su propia constitución (convirtiéndolo
en el estado 32 del país) mediante una asamblea constituyente; convertir a las
delegaciones en alcaldías autónomas con “concejales” elegidos democráticamente;
acceder a otros fondos federales que no recibe por no ser considerado un estado;
aprobar su propio techo de endeudamiento; transferir las atribuciones del
presidente de la República para el nombramiento de funcionarios al DF (Ej.
secretario de seguridad pública); cambiar el nombre del DF a “Ciudad de
México”; dotar de un estatuto de capital del país a la nueva entidad; crear
mecanismos de coordinación metropolitana (como un consejo metropolitano de
desarrollo urbano), entre otros cambios relevantes (Aquí el sitio oficial de la
propuesta, el
dictamen aprobado en el Senado – aunque éste
no se votó por falta de quorum).

Si bien es deseable contar con
mayor representación democrática en lo local, mayor autonomía como entidad
federativa y acceder a mayores recursos de la federación, esta “reforma
política” se queda muy corta en cuanto a las necesidades reales de la Ciudad de
México, como conjunto urbano.

Comencemos aclarando un punto: la
Ciudad de México no es igual al Distrito Federal. Toda esa urbe, toda esa
mancha urbana asentada dentro del Valle de México y sus alrededores es la
Ciudad de México. El continuo urbano, económico y social señala esta realidad,
sólo la delimitación política pasa por alto esta realidad. Los municipios de
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Ecatepec y demás municipios conurbados del DF,
son parte de una misma ciudad. Lo único que los diferencia es que pertenecen a
una entidad federativa diferente, como el Estado de México. Sin embargo, el Gobierno
del Distrito Federal (GDF) pasa por alto esta obviedad y se apropia del nombre
“cortando” políticamente la ciudad en dos partes, los que pertenecen y los que
no.

En el mismo sentido, la Ciudad de
México tampoco es igual a Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Mas el
uso de esta última para el análisis tiene una ventaja fundamental, incluye
tanto al continuo físico urbano, como habla de las relaciones sociales y
económicas que están interrelacionadas directamente con la misma ciudad. De ahí
que este debería del ser el tema, la zona metropolitana y no el DF.

Este fenómeno metropolitano es el
que ha generado un serio problema de provisión de servicios públicos, de
carencia de recursos, de planeación urbana además de problemas de
representatividad democrática, que generan una amplia desigualdad en la Ciudad
de México. Por una parte, el DF cuenta con instituciones y atribuciones que le
permiten cierta dotación de servicios y planeación urbana en todo su territorio
político. Lo cual sólo cubre al 44% de la población. Aunque las delegaciones no
cuenten con cabildos, que incrementen su representatividad democrática y
equilibren poderes. Por otra parte, el resto de la ciudad y su zona
metropolitana, donde habita la mayoría de las personas (56%), cuenta con
municipios con cabildo elegido por votación, que incrementa su
representatividad democrática. No obstante, estos tienen periodos de tiempo de
tan sólo 3 años, que les impide poder contar con políticas públicas de mediano
plazo, mucho menos con una planeación urbana coordinada con el resto de la
ciudad. A diferencia del DF donde esto no sucede, ya que el GDF y no las
delegaciones se encargan de la planeación urbana y de dotación de ciertos
servicios vitales (transporte, agua, seguridad). Aún más grave que esto, es que
varias de las decisiones importantes para la ciudad no son tomadas pensando en
todos sus habitantes. Son decididas en Toluca, donde se asientan los poderes
del Estado de México. Esto conlleva un grave problema de representación
democrática que no sólo afecta a los municipios de la ZMVM, también a los
habitantes del DF.

Si en Toluca se decide construir
una nueva vialidad de los municipios conurbados al DF, cambiar las fases de los
semáforos de municipios conurbados, permitir la construcción de miles de casas
en un municipio, etcétera, los efectos no se restringen sólo al territorio de
los municipios del Estado de México. Estos afectan a gran parte de la ciudad,
con mayor tráfico, mayor saturación de las estaciones terminales del metro
cercanas al Estado de México, más contaminación, etcétera. Las capacidades de
planeación y administración del Estado de México deberían de ser
extraordinarias para poder gobernar la Zona Metropolitana de Toluca, la mitad
de la Ciudad de México y coordinarse con el Distrito Federal. Capacidades que
evidentemente no tiene y difícilmente contará en el futuro. 

Por ello, una reforma política
autentica para la Ciudad de México y su zona metropolitana requiere contemplar
el fenómeno social y económico en términos territoriales; no sólo políticos. Es
absurdo que la ZMVM este dividida en tres entidades federativas, con distintos
marcos normativos, distintas estrategias de planeación urbana y diferentes
prioridades políticas. Y aunque La propuesta de mecanismos de coordinación
metropolitana contenida en la reforma política del DF resulta marginal, dado el
tamaño y dinámica económica-social de la ZMVM. La reforma política debe de
llevar a la creación de un gobierno metropolitano, elegido democráticamente y
con un sólo alcalde. Esto probablemente implique la creación de una nueva
entidad federativa o la modificación de las fronteras políticas de las actuales.
Lo cual requiere una fuerte deliberación pública e incluso un referéndum para
ello.

La experiencia internacional
señala que estos cambios son posibles. El caso de Nueva Zelanda es n buen
ejemplo. Actualmente Wellington, capital de este país, está compuesta por 8 distritos
diferentes, cada uno con un alcalde y sus respectivas asambleas locales. Dado
que estas funcionalmente conforman una ciudad, por su interacción social y
económica, no tanto su continuo urbano (como en la ZMVM), se ha decidido
proponer que se
fusionen en una “super-ciudad”; lo cual esta discusión y deberá ser
aprobado en un referéndum en 2015. Este cambio implicaría un solo alcalde, con un
gran consejo (Greater Wellington Council) y 8 juntas locales (una dedicada a la
comunidad indígena de los maoríes). Esto tiene beneficios amplios en la
planeación y administración de la ciudad, pues ya no se requiere que 8 alcaldes
y 8 consejos municipales se coordinen, sino que ahora es decisión de un solo
gobierno. Este modelo ya fue aplicado en 2010 a la ciudad económicamente más
importante de este país: Auckland. Con este modelo, de “super-ciudad” la región
circúndate a Auckland se transformó de 7 distritos con 7 alcaldes y una
autoridad regional, en un solo consejo, con un alcalde y 21 juntas locales (Aquí mayor información sobre la
super-ciudad de Auckland).

El GDF tiene una propuesta de reforma
política, una que pareciera ser sectaria al no tomar en cuenta al resto de los
habitantes de la ciudad ni de la ZMVM (propuesta
que no es la única). Aún más, al Estado de México y a la federación el
problema metropolitano parece tenerlos sin cuidado, pues pace que ventajas de
esta división encuentran: como dividir políticamente a la población y controlar
el presupuesto en beneficio del Estado de México.

Decidir el futuro de los
habitantes de la Ciudad de México y su zona conurbada va más allá de las
divisiones políticas-territoriales actuales, se requiere replantear de
inmediato su modelo de gobierno. Eso sí sería una reforma política real que
llevará a un real derecho a la ciudad para todos sus habitantes, lo demás son
sólo propuestas marginales que parecen batallar por remanentes del presupuesto
público.