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Corredor Cultural Chapultepec #AsiNo, ¿entonces cómo?

En un evento que se probablemente
se discutirá por años ha sido la consulta ciudadana realizada por el Corredor
Cultural Chapultepec, en el cual ganó el No a la pregunta ¿Debe
o no debe realizarse el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa,
en el tramo comprendido entre el Bosque de Chapultepec y la Glorieta de
Insurgentes
?
Ésta consulta fue el resultado de
una confrontación por este proyecto impulsado por PROCDMX, paraestatal del GDF,
y diversos grupos y actores de la sociedad civil (Grupos vecinales, ONGs,
colectivos ciudadanos, urbanistas, arquitectos, etc.), apoyados por algunos
asambleístas locales (de Morena y el PAN) que formaron una coalición.
Por un lado, el 18 de agosto PROCDMX
anunció el proyecto del Corredor Chapultepec que consiste en la concesión de
Avenida Chapultepec, para que Invex Infraestructura coloque 700 locales
distribuidos desde la Glorieta de Insurgentes hasta Lieja, en una estructura
elevada con “fines culturales”.  Esto
bajo el argumento de “rescate” de dicha avenida. Por lado otro, los grupos
opositores señalan en contra tres argumentos principalmente: a) consiste en una
privatización del espacio público, no un proyecto cultural (en el que perdía la
ciudad); b) los procesos lo convertían en una imposición vertical  (no democrático), y c) un segundo piso
peatonal no es una solución arquitectónica adecuada y traería más problemas que
soluciones. Argumentos respaldados con análisis que refutaban los documentos
técnicos del proyecto, así como críticas alos procesos del proyecto (opacidad,
concursos privados, falta de permisos, usurpación de funciones del ALDF, etcétera).
Si bien en ningún momento los opositores negaron la necesidad de mejorar avenida
Chapultepec, se opusieron tanto a la forma y lo que implicaba dicho proyecto.
Por ello, solicitaron desde un inicio que hubiera
una reposición del proyecto desde cero y se cancelará la declaratoria de
necesidad y todos los actos administrativos derivados de la misma
.
PROCDMX presentó el proyecto, no
sólo en términos de un concepto arquitectónico, sino un paquete que incluía ya
un título de concesión y un fideicomiso privado firmado con Invex
Infraestructura. Además, de que anunció un “ejercicio de participación cívica”
que permitiría “enriquecer el proyecto”. Dicho ejercicio no se trataba de
decidir sobre la totalidad del mismo, incluso el proyecto arquitectónico ejecutivo
ya se encontraba firmado dentro del fideicomiso. Esto de inmediato se
interpretó por muchos como un método de legitimación política del proyecto, no
como un ejercicio democrático de creación de soluciones en conjunto.
La respuesta de los comités
vecinales de las colonia adyacentes (Roma
Norte y Condesa
) fue solicitar el 12 de octubre al Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF) la realización  consulta ciudadana. Sin embargo, el 6 de
noviembre la
consulta se aprobó
para toda la delegación y no en los términos iniciales
solicitados. Esto en medio de un proceso que fue cuestionado, por la falta de
quorum y otras irregularidades, llevado hasta el Tribunal Electoral del
Distrito Federal (TEDF) por los vecinos opositores. A pesar de dichas
irregularidades el TEDF dio aval para la
realización de la consulta
. Los grupos vecinales opositores hablaban de una
consulta “amañanada”, para que mediante el acarreo de grupos
clientelares
, se diera el al
proyecto y de esta manera legitimarlo; al igual que señalaban la inequidad en
términos de competencia electoral: el GDF llevaba desde el anunció del proyecto
promocionándolo en diversos espacios y medios de comunicación. A lo que habría
que sumar la renuncia de Alberto Ruy-Sánchez en
una carta
al consejo consultivo de PROCDMX por considerar “un baile de
máscaras” para conseguir la aprobación del proyecto.
La consulta se realizó el 6 de
diciembre con el resultado a
favor del NO (63.5%) versus el SÍ (35.3%)
. El resultado ha sido una gran
sorpresa para muchos de los involucrados, debido a todas las irregularidades e
inequidad del proceso. La respuesta oficial del GDF es que respetará los
resultados y los considera vinculantes
, dado que la consulta legalmente no
es vinculatoria. Esto ha abierto todo una situación nueva.
Patricia Mercado, secretaria de
gobierno del GDF,
mencionó que se cancelaba y reiniciaba el proceso desde cero
con la
participación de urbanistas y sociedad civil. Esto parece incluir la
cancelación de la concesión
, sin
indemnización a Invex Infraestructura
(aunque
no es del todo claro
) y la integración del proyecto dentro de los procesos
de elaboración del nuevo Programa de Desarrollo Urbano.
Dado que pareciera que se está
cumpliendo la demanda de reposición del proceso desde cero, entonces la
creación de un nuevo proyecto deberá implicar entre otras cosas: realizar un
concurso arquitectónico público para elegir la mejor propuesta para remodelar
Avenida Chapultepec; realizar estudios técnicos rigurosos; discusiones públicas
al respecto; incluirlo dentro de los programas de desarrollo urbano; definir al
final el mejor mecanismo de financiamiento (no antes) junto con licitaciones
públicas para la obra, y establecer un proceso de participación ciudadana a lo
largo de todo el proceso.  Esto último es
básico, pues llegar a las votaciones confrontativas de Si o No de un proyecto,
por ausencia de lo anterior se ha demostrado que es un error y oneroso para el
erario público. Todo lo anterior también tendría que realizar el GDF para los otros
cuatro corredores
que parece tener proyectados y en puerta.
El re-iniciar todo el proceso bajo
las anteriores líneas puede marcar un hito en cómo se realizan los grandes
proyectos en el DF, al cambiar de un enfoque verticalista de planeación hacía
uno más horizontal que implica de democracia participativa. Esto podría ser el
inicio de una manera nueva de construir socialmente la política pública, de la
misma ciudad.

Algo que sólo sucederá si el
gobierno acepta los errores que llevó a esta confrontación con la sociedad civil
y realiza los cambios institucionales, legales y de personal necesarios que son
la raíz del problema. Como la ley de participación ciudadana que hoy
sirve más para bloquear la participación social
. De lo contrario, este tipo
de confrontaciones seguirá sucediendo, ya que no hay duda que la sociedad civil
seguirá reclamando mecanismos de democracia y de rendición de cuentas en la
búsqueda de una ciudad con mayor calidad de vida. 

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