En el próximo debate presidencial se discutirán, entre otros temas, las políticas de desarrollo sostenible y cambio climático, altamente relacionadas con las políticas de crecimiento económico, pobreza y desigualdad. Dada los antecedentes oficiales, es posible que se vea a las políticas ambientales, a la conservación, manejo de la naturaleza y reducción de los impactos ambientales negativos, como un lujo que está bien mantener, siempre y cuando no se interponga a los temas realmente importantes como el desarrollo económico, a la infraestructura o el Producto Interno Bruto.
Al igual que los otros temas, una cosa es lo que debaten los candidatos y otra es lo que la sociedad y la academia estemos discutiendo sobre la necesidad de impulsar políticas, en este caso ambientales, en los próximos años. De hecho, varias organizaciones ambientales han producido agendas, señalamientos y decálogos en la busca de que los candidatos federales y locales se comprometan a cumplir. Desde la UNAM decidimos también promover una Agenda Ambiental para ponerla a discusión con la ciudadanía y las candidatas y candidatos a diferentes puestos de elección.
Esta agenda comenzó a gestarse hace dos años cuando se formó el SUSMAI (Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones) en la UNAM para discutir problemáticas ambientales que nos preocupan a los mexicanos desde una vista académica. En este seminario se han discutido problemas de minería, las leyes de agua, biodiversidad y forestal, al igual que los problemas urbanos generados por las inmobiliarias, entre otros tantos que aquejan a las ciudades. Con este bagaje el seminario buscó tener elementos para generar propuestas ambientales para el próximo sexenio.
La Agenda Ambiental del SUSMAI busca impulsar como idea primordial que el manejo adecuado del ambiente es transversal a todas las demás acciones necesarias para mantener una buena economía, pero sobre todo una buena calidad de vida de los ciudadanos. Un manejo adecuado de la relación con la naturaleza reduce la desigualdad, promueve la cultura, hace eficiente el gasto, obliga a pensar en escenarios más largos que los sexenios, disminuye la inseguridad y hace a las sociedades menos vulnerables frente al cambio climático. Así que parte de la solución a muchos problemas pasa por la cancha ambiental.
La agenda está dividida en nueve capítulos: 1) La problemática del agua 2) Las condiciones de la biodiversidad 3) Los bosques de México, 4) Las ciudades de México, 5) La transición energética, 6) Perspectivas sobre los mares y costas de México, 7) Política pública sobre minería, ambiente y soberanía nacional, 8) Agricultura, alimentación y suelos, y 9) La relación entre los derechos humanos y el ambiente. Cada tema cuenta con varios autores que realizaron un diagnóstico y generaron perspectivas para afrontar los temas.[1] Por el momento se puede leer el resumen de la Agenda Ambiental y en un par de meses estará el documento en extenso donde cada uno de los temas se desglosan de manera más puntual.
En particular, el capítulo las Ciudades de México coordinó a más de 14 académicos que abordaron la complejidad del ambiente dentro de las ciudades.[2] A continuación presentamos un extracto introductorio de este capítulo.
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En México existen 390 ciudades de más de 15 mil habitantes y 59 zonas metropolitanas que tienen al menos 50 mil habitantes, las cuales agrupan al 78% de la población nacional. En general se puede decir que la mayor parte de la población vive en ambientes muy eficientes en términos de la utilización de la materia y la energía debido, entre otras cosas, a la alta densidad humana. No obstante, necesitan de la importación de grandes cantidades de éstas. Esto trae consigo relaciones socioambientales muy intensas y con alto dinamismo, que si no son resueltas y planeadas correctamente tienen impactos negativos a niveles local y global. Como la desecación de una cuenca para abastecer de agua a una ciudad o la exportación de desechos a sitios en donde no se manejan adecuadamente y generan en consecuencias negativas ambientales.
Por tales motivos, la densidad y crecimiento de las ciudades generan problemas que tienen que ser estudiados y manejados cuidadosamente a varias escalas. Por ejemplo, la estructura poblacional urbana requiere de un manejo territorial muy dinámico y tienen implicaciones económicas importantes. Mientras una pirámide poblacional con base ancha requiere de escuelas y guarderías, una pirámide invertida necesita de más hospitales. En otras palabras, los cambios en la población y su localización obligan a cambios constantes en los planes territoriales en movilidad escuelas, parques y hospitales, entre otros elementos infraestructurales y de servicios públicos.
Asimismo, el manejo territorial también se modifica por los cambios tecnológicos que alteran en las relaciones sociales. Las nuevas tecnologías promueven diferentes formas de movilidad, obtención de energía o captación de agua, que buscan aumentar la eficiencia de las ciudades. Sin embargo, el acceso a la tecnología no es homogéneo debido a la desigualdad social imperante. Por lo que en muchas ocasiones el uso de las nuevas tecnologías sin una regulación adecuada promueve un aumento en la desigualdad. Lo que socava los avances en ambientales. Por ejemplo, el caso del uso de taxis mediante aplicaciones en EUA, como Uber, ha contribuido a un incremento del uso del automóvil y sus externalidades negativas, que suelen afectar a las personas de menores ingresos.
La desigualdad económica, a la vez, se refuerza de una visión parcial en la planeación del territorio y del acceso inequitativo a bienes y servicios. Los sitios para la vivienda, el trabajo o la movilidad están distribuidos de manera heterogénea, reservando los de mejor ubicación y calidad para las poblaciones más acomodadas; y los de alta sensibilidad ecosistémica y de mayor riesgo a la población de bajos ingresos. Así ante un desastre, como un huracán, los más afectados resultan ser los más pobres. Como también sucederá con el cambio climático, que será una fuente de nueva desigualdad para México (como lo señala el Informe de Desigualdades de México 2018).
Muchas veces las causas de las problemáticas radican en la fragmentación en las decisiones administrativas y políticas, a todos los niveles. La dinámica de las cuencas hidrológicas es, en términos geográficos, más amplia que las divisiones políticas que son la base para la toma de decisiones en el manejo de las ciudades y de las metrópolis. Una muestra de esta problemática es la existencia de muchos operadores de agua dentro de una misma zona metropolitana. De ahí la necesidad de una relación interinstitucional entre los diferentes niveles y órganos de gobierno que coexisten en una cuenca y que enfrentan problemas compartidos de contaminación, desechos, movilidad, provisión de agua, conservación, entre otros.
Estos procesos del manejo de las zonas naturales en diferentes escalas por igual se ven reflejados en la gestión de las zonas verdes. A nivel de cuenca la naturaleza genera dinámicas donde las Áreas Naturales Protegidas y en general las zonas con vegetación, juegan un papel predominante para la provisión de diferentes servicios ambientales: oxigeno, reducción de temperatura, infiltración de agua, etcétera. A nivel local, las zonas verdes como los parques, camellones, arboles, etc., promueven otro tipo de interacción más rápida y que por un lado está engranado con la cuenca y, por otro, está ligado al bienestar de la vida cotidiana de la población. A mayor acceso a áreas verdes, la calidad de la población urbana se incrementa tanto por los servicios ecosistémicos que genera, como por los efectos positivos sociales (mayores interacciones y actividad física) y psicológicos (salud mental).
En este sentido, se debe de pensar la política pública desde las dinámicas socioecosistémicas, pues la toma de decisiones sobre estas dinámicas son las más incluyentes sobre la forma de utilización del territorio. Esto se debe a que cualquier toma de decisión afecta a la dinámica del ecosistema y, por lo tanto, a un número mayor de pobladores de los que inicialmente se considera. Es por tal motivo que tanto las tomas de decisiones como la dinámica ecológica pueden ser factores fundamentales para aumentar o reducir la desigualdad de una ciudad. Si la decisión se basa únicamente en el beneficio económico sin considerar los efectos indirectos, es posible que aumente la desigualdad de un lugar. Por ello, la gobernanza de las ciudades debe de incluir la forma de tomar acuerdos para que el gobierno tome decisiones a partir de una mejora ambiental y social, con una participación ciudadana real, y no simplemente basados en la dinámica de promoción de inversiones y crecimiento económico.
Las ciudades están sujetas a múltiples problemas ambientales como la contaminación del aire, del agua y de desechos sólidos, entre otros. Sin embargo, también es claro que existirán impactos importantes a futuro debido al cambio climático en las dinámicas socioecosistémicas urbanas. La densidad de personas en las ciudades hace que un pequeño cambio en el clima afecte a un gran número de individuos, lo que los hace más vulnerables. Es necesario entonces, tomar las mejores decisiones a nivel territorial y reducir de alguna forma la vulnerabilidad de la mayoría de los habitantes urbanos frente al cambio climático. Por poner un ejemplo, 21 ciudades portuarias estarán altamente expuestas a los efectos del cambio climático, lo cual pone en riesgo a más de 9.4 millones de personas.
En suma, las ciudades cuentan con un sinnúmero de relaciones socioecosistémicas que cada día son más intensas y requieren una mayor velocidad de respuesta. Por lo cual, el análisis ambiental sobre las ciudades debe tomar en cuenta múltiples temas que son transversales y no tratar un tema de forma aislada para la elaboración de la política pública.
La falta de atención y políticas por parte del gobierno federal al tema de ciudades y sus problemas ambientales ha sido una constante en las últimas décadas. Quien encabece la próxima administración federal de México deberá de enfrentarse a éstos y darles una solución, una que permita a la gran población urbana tener una calidad de vida adecuada en el presente y sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
[1] Los coordinadores de toda la agenda fueron Leticia Merino y Alejandro Velázquez.
[2] Los autores del capítulo en orden alfabético: Omar Arellano, Cristina Ayala, Rosalía Camacho, Priscila Connoly, Marcelo Canteiro, Gian Carlo Delgado, Javier Delgado, Mireya Imaz, Carlos López, Ángel Mercado, Ana Paula Peñalva, Landy Sánchez, Pável Sosa, Manuel Suarez, Mónica Tapia. La coordinación del trabajo es de Luis Zambrano y Salvador Medina.