Un desastre antinatural

Días posteriores al sismo del 19s, los desarrolladores inmobiliarios Canadá Building Systems México y Dijon negaron asumir sus responsabilidades por la caída de dos edificios nuevos señalando que se debió a una “causa natural” (El Universal, 2017). Paralelamente, el sismo ha sido catalogado oficialmente como un “desastre natural” en la Ciudad de México, ya que fallecieron 228 personas, terminaron heridas más de 1,200, derribó 39 edificios, dejó inhabitables al menos 500 y miles con daños menores. Además, la infraestructura (línea 12 del metro y abastecimiento de agua) y el patrimonio cultural de la ciudad sufrió también daños importantes.

Sin embargo, el desastre es todo menos natural. Éste surge de la interacción de la sociedad con la naturaleza, con o sin conocimiento de causa, a lo largo de la historia. Desde hace mucho tiempo se sabe bien que parte de la Ciudad de México y su zona conurbada se asienta sobre una zona altamente sísmica, con la agravante de un subsuelo blando, fruto de desecar los lagos y construir sobre ellos. Área sobre la que hoy habita aproximadamente la mitad población de la Ciudad de México.[i]

Es importante recordar que posterior al sismo de 1985 las zonas afectadas del centro de la ciudad se despoblaron por algún tiempo y se expandió en todas direcciones de la metrópoli. Entrado el presente siglo se impulsó una estrategia de redensificación para aprovechar una zona central con todos los servicios. Una forma de reducir los problemas que genera la expansión urbana, como el incentivo al crecimiento de autos y el aumento consecuente del tráfico y la contaminación del aire (Medina, 2013). Esta política no fue del todo ciega. Para impulsar el repoblamiento y la vivienda vertical, así como edificaciones de servicios y laborales, en una zona sísmica ya se habían tomado medidas para proteger a la población ante un nuevo sismo: alarmas antisísmicas, zonificaciones, códigos de construcción, protocolos de protección civil, planes de reacción, etcétera.

Creímos haber aprendido las lecciones que nos dejó el sismo de 1985. Sin embargo, aún con estas medidas, el mismo 19 de septiembre, pero 32 años después, como un mal adagio, otro sismo golpea la Ciudad de México causando un nuevo y doloroso desastre. Pero, a diferencia del 85, éste se debió a las fallas de las medidas precautorias, a una serie de condicionantes sociales que lo permitieron. Es obligación señalarlas para resolverlas y no poner en peligro la vida de millones de personas de nueva cuenta.

Primero, desde los años ochenta el papel gubernamental se ha visto disminuido sistemáticamente debido a la adopción de políticas neoliberales y recortes presupuestales. Esto ha afectado las políticas de prevención, reacción y respuesta ante catástrofes, con la agravante de aplicarse en un ambiente de desigualdad social.

Por una parte, la reducción de recursos ha afectado el análisis continuo del efecto de los sismos sobre la ciudad. Hace algunos años, Cinnia Lomnitz (Nexos, 2004) mencionaba que la geología de la metrópolis es de las menos conocidas del país, por lo cual muchos de los modelos con los que se elaboraron las normas sísmicas se basan en conjeturas y no se han actualizado. Esto no ha cambiado mucho, la falta de recursos para la investigación y evaluación de las acciones gubernamentales ha sido una constante.

De igual forma, bajo esta lógica ni el gobierno de la ciudad, ni el federal, han dedicado esfuerzo alguno para reforzar viviendas y otros edificios con varias décadas de antigüedad ante sismos (mientras se impulsó su re-ocupación de la ciudad central). Una práctica que es común para prevenir tragedias. Por ejemplo, en California, EUA, se creó un programa especial (California Residential Mitigation Program) que subsidia el reforzamiento de viviendas.

Esta enorme falta de previsión fue más notoria en la respuesta del gobierno de la ciudad. Las reacciones fueron lentas, descoordinadas y, en muchos casos, ni siquiera podían surtir de los materiales más necesarios para los rescates. La iniciativa ciudadana #Verficado19s evidenció esto al montar un sistema en línea un día después para reportar las necesidades, coordinar peticiones, levantar información de daños. Todo esto verificando en campo para combatir las noticias falsas. Mientras diversos empresarios de la construcción prestaron maquinaria, productores de cine y televisión facilitaron plantas de luz para las labores de rescate y la misma UNAM desplegó una serie de servicios de rescate (brigadas, binomios caninos, bomberos), de centros de acopio y de verificación de inmuebles. La administración de Mancera fue incapaz de hacer de forma expedita a pesar de contar con una dependencia encargada de captar información para emergencias (el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el llamado C5), de un área encargada de impulsar la innovación cívica (LabCMDX), y de una agencia encargada de coordinar obras (Agencia de Gestión Urbana).

Por otro lado, desde mediados de la década pasada existe un mercado inmobiliario en auge. Uno que se ha concentrado en la vivienda vertical de medio y alto valor, en oficinas y centros comerciales, que convive y se aprovecha de un sistema donde la corrupción es cotidiana y un gobierno adelgazado. Este ambiente de corrupción y negocios ha permitido a más de un empresario evitar absorber los costos que implica minimizar los riesgos a la población y que por el contrario los ha socializado para obtener enormes ganancias particulares, llevando continuos enfrentamientos con la ciudadanía. Tan solo entre el año 2010 y 2015 las denuncias ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial por modificaciones a uso de suelo pasaron de 565 a 1,288 (SEDUVI, 2016).

Los ejemplos más emblemáticos de edificaciones nuevas, relacionadas con corrupción, es la Escuela Rébsamen, el Residencial San José y el edificio en la calle Bretaña 90. En estos sitios fallecieron 28 personas, 19 de los cuales fueron niños.

Asimismo, existe evidencia empírica que sugiere un bajo cumplimiento de la ley -que puede estar ligado a baja supervisión de la autoridad y corrupción. Reinoso, Jaimes y Torres (2016) analizaron el cumplimiento del reglamento de construcción de 2004 en edificaciones nuevas de la Ciudad de México. Entre sus hallazgos, señalan que muchos edificios nuevos no cumplen con los requerimientos mínimos de la norma y tendrán afectaciones durante un sismo. Un aspecto remarcable es que el 85% de los edificios analizados se localizaban en la delegación Cuauhtémoc y Benito Juárez, dos de las delegaciones más golpeadas por el sismo.

También existe negligencia y corrupción dentro del gobierno que afectan la prevención ante los sismos. De acuerdo con una investigación de Animal Político de septiembre de 2017, se compraron alertas sísmicas, pero muchas de ellas fueron mal repartidas y/o mal instaladas, además de que 3,297 permanecen en bodega y 4,135 desaparecieron, e incluso se han encontrado en venta en portales de internet.

A todo el contexto anterior se debe sumar el carácter desigual de la ciudad en varios niveles. Ha existido un incremento del 66% de los precios de vivienda de 2009 a 2016,[ii] que ha impulsado un aumento de los costos de mantenimiento de los edificios. Mientras que los salarios escasamente se han incrementado, traduciéndose en una ciudad más desigual. Como resultado, hay un fuerte incentivo a mantener el mantenimiento al mínimo y/o no reforzarlo. Siendo que se requieren inversiones considerables para reforzar edificios ante sismos, resulta lógico que sin impulso y apoyo gubernamental no suceda. De hecho, la mayor parte de los edificios colapsados o dañados, fueron construidos antes del temblor de 1985.

En este sentido, quienes tienen los suficientes fondos pueden asegurar vivir en una edificación con el mínimo de riesgos, o con suerte, quienes viven desde hace mucho en una zona con bajos riesgos. Y aun así eso no evita que puedan sufrir daños, como lo muestra las viviendas de autoconstrucción afectadas en Santa Rosa Xochiac, en la zona montañosa de la delegación Álvaro Obregón. Viviendas en las que sus moradores han invertido años de trabajo en autoconstrucción para lograr un patrimonio y que hoy tardarán años en volver a reconstruir.

Otra catástrofe podría suceder sino se eliminan las condicionantes sociales que hacen a la Ciudad de México tan frágil a los sismos.

Para ello, en primer lugar, se debe de invertir fuertemente en investigación para llenar los vacíos de información existentes y así aprender del mismo sismo del 19s. Esto implica realizar análisis detallados del subsuelo, estudiar los edificios dañados y evaluar a la luz de la evidencia empírica la normatividad. El resultado debe ser una mejor legislación y políticas públicas de prevención para proteger la vida en viviendas, lugares de servicios y trabajos.

Segundo, la sola modificación de la normatividad es insuficiente si no se tiene un sistema que supervise correctamente. Es necesario otorgar los suficientes fondos para la vigilancia y verificación del cumplimiento de la ley, así como armonizar y actualizar programas y legislación para evitar los espacios que facilitan la corrupción. Esto tiene que venir acompañado de la eliminación de procesos opacos de desarrollo urbano. Algo que ha caracterizado a la Secretaría de Desarrollo Urbano, como con los sistemas de actuación por cooperación, el sistema de transferencia de potencialidades o la falta de datos abiertos del catastro.

Tercero, abrir la información de quiénes construyeron cada edificación colapsada y dañada, quiénes supervisaron y autorizaron, así como los dictámenes de evaluación post sismo de cada una para poder conducir investigaciones que permitan asignar responsabilidades y romper con los círculos de corrupción. Hay muertes generadas por negligencia y corrupción, los responsables tienen que ser simplemente castigados conforme a la ley.

Cuarto, liberar el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México es un primer paso, pero requerirá actualizarse a la luz de la nueva evidencia que arroje el sismo del 19s. Esto facilitará actualizar diversas normatividades (como el Programa General de Desarrollo Urbano) y hacer planes frente a contingencias, además de que permitirá a la ciudadanía demandarlos y/o participar en su elaboración informadamente, así como evaluar autónomamente sus riesgos y tomar decisiones (como dónde comprar o rentar vivienda). Se ha argumentado en el pasado que esta información podría deprimir el mercado inmobiliario, no obstante, es mucho más importante proteger la vida de millones sin los cuales no existe mercado alguno. Sin esta información y sin su actualización no se puede asegurar el derecho a una vivienda digna en la ciudad.

Quinto, se requieren fondos públicos para atender a los centenares de damnificadas y volver a dotarlos de vivienda in situ, para que puedan mantener las comunidades que dan vida a la ciudad. Tal como se hizo en Chile después del sismo de 2010, donde se reparó y reconstruyó con fondos públicos miles de viviendas, justo en dónde fue dañada para mantener las comunidades y evitar la expansión urbana (Comerio, 2015).  Sin la intervención estatal, será imposible que todos los damnificados lo hagan por ellos mismos al dejarlos expuestos a un mercado inmobiliario al alza que acabará con sus lazos comunitarios. Basta recordar que hoy el precio promedio de una vivienda suele sobrepasar los 2 millones de pesos en la ciudad y sólo en la periferia los precios son bajos.

En este orden de ideas, se requiere que el gobierno local utilice no sólo el fondo de emergencia con que cuenta (9.5 mil millones de pesos a agosto – SEFIN, 2017a), o los apoyos federales, también se necesitan mecanismos de financiamiento extras, que podrían ser dos. Dentro de la ley existen los instrumentos de captura de valor, para permitir el financiamiento de proyectos de vivienda e infraestructura. Esto es, estableciendo contribuciones a los grandes desarrollos inmobiliarios o de zonas específicas para el fondeo de la emergencia. Y el mecanismo más expedito sería eliminar el subsidio a la tenencia, por el cual ha dejado de recibir alrededor de 3 mil millones de pesos anuales (SEFIN, 2017b). Para ello, tendría que establecerse a nivel nacional, o al menos regional, para atender al mismo tiempo la emergencia en todas las entidades y evitar el escape al impuesto registrándose en otra entidad como ha sucedido con los automóviles nuevos de lujo registrados en Morelos.

Al mismo tiempo, dado el interés de la iniciativa privada para aportar fondos ante la emergencia, se requiere la creación de mecanismos que permitan su manejo ágil, transparente y acorde a propósitos definidos. Uno en el cual también pueda aportar recursos el gobierno, como las “Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario” de EUA y Reino Unido, que otorgan préstamos blandos para distintos fines, como para vivienda asequible, o bien, mediante algún otro vehículo especial dedicado a subsidiar o financiar la reconstrucción.

Esto se puede acompañar de medidas salomónicas, como expropiar los más de 66 pisos construidos en 32 edificios de forma ilegal (La Jornada, 2017), y que podrían ser aprovechados para dar hogar de forma inmediata a los damnificados por el sismo. Se cumpliría así su derecho a una vivienda digna (artículo 4to constitucional), siempre y cuando no pongan en riesgo la vida de sus ocupantes.

Lo anterior puede dar pie a una nueva política bajo la cual se creen programas de reforzamiento de vivienda y de vivienda asequible, en especial para gente de bajos recursos que garantice el derecho a gozar de una vivienda digna, de la misma ciudad. Esquemas de renta controlada o la implementación de vivienda inclusiva, es decir, que sea una obligación que de cada edificio de departamentos construidos tenga un porcentaje dedicado a vivienda social (Burchard-Levine, 2017).

Sexto, se requiere invertir fuertemente en la prevención y en el establecimiento de buenos protocolos ante la emergencia. Esto implica el fortalecimiento de las instituciones encargadas de protección civil, de hospitales, de bomberos, de albergues, de contar con mayor número de binomios caninos locales, etc. Crear una planeación adecuada para atender situaciones extremas de emergencia.

Finalmente, ante el contexto de desigualdad de la Ciudad de México, acentuado por a la contingencia en la que miles han perdido su patrimonio, dejar al libre mercado que resuelva la emergencia no funcionará. Una actuación de Estado es necesaria, pero no sin una participación ciudadana activa, que en este terremoto demostró que son no sólo quienes viven la ciudad, sino quienes han evitado que se caiga a pedazos. Son hoy quienes construyen y demandan su derecho a la ciudad, en la planeación y reconstrucción de su hogar.

*Agradezco a Dulce Colín por sus comentarios que enriquecieron este texto.

Referencias:

• Animal Polí (2017). “El gobierno compra alertas sísmicas, pero éstas desaparecen o se quedan en bodegas”. Consultado el 10 de septiembre de 2017, en: http://www.animalpolitico.com/2017/09/gobierno-compra-alertas-sismicas-desaparecen-bodegas/
• Burchard-Levine, Antonia. (2017). Conectando la vivienda asequible a Desarrollos Orientados al Transporte (DOT) en la Ciudad de Mé México: ITDP-FES.
• Comerio, Mary C. (2015). Housing Recovery Lessons From Chile. Journal of the American Planning Association, 80 (4), 340-350. DOI: 10.1080/01944363.2014.968188
• El Universal. (2017). “Los desarrolladores se deslindan por daños”, 29 de septiembre de 2017. Consultado el 1 de octubre de 2017, de : http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/los-desarrolladores-se-deslindan-por-danos
• La Jornada. (2017). “Inicia gobierno demolición de pisos excedentes en edificios; va por 66”, 3 de junio de 2017. Consultado el 30 de septiembre de 2017, en: http://www.jornada.unam.mx/2017/06/03/capital/027n1cap
• Lomnitz, Cinnia. (2004). El próximo desastre sísmico en la Ciudad de Mé México: Revista Nexos. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=11251
• Medina Ramírez, Salvador. (2013). “Ciudades catastróficas”. Revista Nexos, octubre 2013.
• Reinoso, Eduardo, Jaimes, Miguel A. & Torres. Marco A. (2016). Evaluation of building code compliance in Mexico City: mid-rise dwellings. Building Research & Information, 44:2, 202-213. DOI: 10.1080/09613218.2014.991622
• (2016). Proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. Consultado el 12 de septiembre de 2017, de: http://plancd.mx/assets/pdfs/PGDUCDMX_22nov2016.pdf
• (2017a). Fondo de atención a los desastres naturales en la Ciudad de México. Informe tercer trimestre de 2017. Consultado el 2 de octubre de 2017, de: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/fonaden/
• (2017b). Cuenta pública de la Ciudad de México 2016. Tomo I resultados generales. México: Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

[i] Estimación para el año 2010 utilizando datos de INEGI.

[ii] El índice SHF de precios de la vivienda en México era de 82 en el primer trimestre 2009 para la Ciudad de México y alcanzó un valor de 139.72 en el último trimestre de 2016.

Publicado originalmente en Nexos.