Los argumentos engañosos para justificar el Corredor Cultural Chapultepec

Hace algunas semanas escribí
sobre el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec señalando lo que es una
privatización velada del espacio público de forma anti-democrática. Además
diversas voces han señalado como una ocurrencia arquitectónica o de criticar el
proceso[i];
por lo que existe una demanda ciudadana de detener
el proyecto y reponer todo el proceso. Ante las críticas, el gobierno de
Miguel Ángel Mancera en el DF ha señalado que al menos seis puntos discursivos
para apuntalarlo ante la opinión pública, los cuales no son posibles de
sostener. Otros como la inseguridad o que es una decisión técnica simplemente
han sido desmitificados por Andrés
Lajous, Pepe
Merino & Alexis Cherem y  Onésimo
Flores.

1. Es un proyecto transparente

Hasta el momento no hay suspicacias de la legalidad
del Corredor Cultural Chapultepec; sin embargo, es posible señalar que este
proceso no ha sido transparente. Si bien es posible que el gobierno tome
decisiones ejecutivas ante situaciones de urgente necesidad y resolución, como
un desastre natural, aquí no nos encontramos ante este caso. Un centro
comercial y un segundo piso para conectarlos no son una necesidad urgente de
resolver. De ahí que no sea justificable realizar este proyecto sin publicidad
máxima a la ciudadanía, ni falta de transparencia desde el inicio. Veamos una
recopilación de los antecedentes:

En mayo de 2014 se publicó la declaratoria de
necesidad. Para el 20 agosto de 2014 se rechazó una solicitud de información
pública a Rafael Montes, periodista, aduciendo la inexistencia de proyectos o
inversionistas[ii].
El 2 diciembre de 2014, Ximena
Ramos escribía sobre la opacidad del proyecto de ZODE Chapultepec, pues
habían pasado 7 meses sin conocerse nada al respecto de este proyecto, y
cuestionaba el hecho histórico de buscar concesionarse Avenida Chapultepec;
algo que la ciudadanía desconocía.

Inmediatamente, al siguiente mes de este último
señalamiento, se concursó el proyecto (26 de enero de 2015) y un mes y medio
después (18 de marzo) se declaraba un consorcio ganador (compuesto por Invex,
Grupo Acosta Verde y Grupo Garza Ponce). Este concurso fue por invitación
restringida por lo que no hubo un concurso público abierto, mucho menos uno
sobre la solución arquitectónica o del modelo de negocios. Mientras tanto el 6
de mayo de 2015 Comité de Patrimonio Inmobiliario del GDF daba visto bueno para
otorgar el título de concesión a PROCDMX, sólo faltaban algunas opiniones y
estudios menores para ello[iii].

Las únicas noticias al respecto de este proceso
aparecieron en columnas de negocios entre marzo y julio de 2015[iv],
es decir, en espacios dedicados a empresarios, no a los ciudadanos. En tiempos
que coinciden justamente con las campañas electorales para las elecciones
intermedias, justo cuando la atención del público está en otro lado. Esto es
poco probable que haya sido coincidencia.

Mientras tanto, el 14 abril de 2015 se obtuvo documentación de un
proyecto conceptual[v].
No obstante, para ese momento ya estaba asignado un inversionista y se seguía
desconociendo el proyecto final.

El 31 de julio obtenía el título de concesión PROCDMX
(2 meses después de recibir el visto bueno del Comité de Patrimonio
Inmobiliario) y el 6 de agosto de 2015 se firmaba el contrato del fideicomiso
entre PROCDMX y el consorcio ganador[vi].
El 29 de julio aparece la primera noticia en un diario de circulación nacional[vii]
sobre el proyecto, retomando una nota del 27 de julio de un portal dedicado a
arquitectura[viii],
y para el 18 de agosto se presentó oficialmente vía Persicope (con sólo 24
usuarios en línea y que sin quedarse grabada[ix])
junto con una gran cantidad de documentación; además de anunciarse que en
septiembre arrancarán obras. Los tiempos son sorprendentes. Antes de que
hubiera un contrato firmado y concesionado la obra, ya había noticias del
proyecto final, sin que el público general lo supiese.

Una obra histórica y de estas magnitudes debió ser discutida en
público, pero no fue así. Sólo unos cuantos sabían de dicho proyecto. El resto
no conocía nada de esto por una decisión política.

Esto nos recuerda el inicio de “Guía del
autoestopista galáctico” de Douglas Adams, que comienza con el personaje
principal (Arthur Dent) despertando abruptamente porque había un buldócer en la
puerta de su casa a punto de demolerla. Cuando le reclama tal arbitrariedad, el
responsable menciona, que pasara una carretera por ahí, que el “tenía usted derecho a hacer sugerencias o a
presentar objeciones a su debido tiempo”; el plan había permanecido al
público nueve meses. Aunque se encontraba en el sótano, donde no funcionaba la
luz, dentro “de un archivador cerrado con
llave y colocado en un lavabo en desuso en cuya puerta había un letrero que
decía ´Cuidado con el leopardo´”.

La liberación e toda la información del proyecto,
una vez aprobado este, no es transparencia. Es justo como en la novela de
Adamas, una arbitrariedad legal, pero oculta a la ciudadanía, hasta que ya es
inminente la obra y hay que sacar los papeles del sótano a obscuras.

2. Es un proyecto que incluye a
la ciudadanía

Para este proyecto ya existe un título de
concesión, ya hay un grupo de inversionistas, ya hay un modelo de negocios,
incuso, ya existe un proyecto ejecutivo aún no liberado (Anexo 13 del contrato
del fideicomiso[x]). Se
nos ha dicho que habrá una “ejercicio de participación cívica” para
“enriquecer” el proyecto durante pocos días (a partir del 5 de septiembre);
aunque si ya está decidido todo ¿qué sentido tiene este ejercicio?

Además, se esperara que en 17 días la ciudadanía
para enterarse de todo el contenido de los documentos, para socializar la
información, comprender los diferentes argumentos y tomar un decisión. Para una
vez terminada dicho “ejercicio” se iniciará la obra, pues Miguel Ángel Mancera,
presidente del consejo de administración de PROCDMX, ha dicho que no habrá
“marcha atrás”[xi].
Un urbanismo del “va porqué va” como ha señalado Alberto
Serdán.

Si no está demostrada su urgencia, ni su necesidad,
la participación ciudadana puede realizarse desde el análisis de la zona y a lo
largo de todo el proceso de conceptualización de soluciones para dicha avenida.
No cuando ya está todo decidido, cuando se anuncia la obra y su inicio; pues lo
que termina siendo en un ejercicio “pseudo-democratico” para justificar el
proyecto. 

Lo peor de esta situación, es que en la discusión
pública en redes twitter se ha utilizado bots para apuntalar el
proyecto sobre sus críticos y en la sección de opiniones y críticas
de la página oficial del proyecto se ha excluido a las voces en contra.

3. No es una
privatización

El hecho de que el título de concesión permanezca
en manos de PROCDMX y no se le dé su titularidad a un privado, oculta
inteligentemente una privatización del espacio público con fines comerciales,
no culturales. Sin embargo, hay dos hechos irrefutables de esta situación.

Por un lado, el título de concesión de Av.
Chapultepec se coloca dentro de un fideicomiso privado, el cual además de
recibir también la inversión del consorcio ganador, será manejado como un
activo para la recuperación de la inversión. ¿Qué otro sentido tiene
concesionar el espacio público si no es para generar beneficios privados que
recuperen la inversión? En otras palabras, se manejará como un activo para
fines privados, no como un espacio de derechos de la ciudad.

IMAGEN 1:
CENTRO COMERCIAL PROYECTADO SOBRE AVENIDA CHAPULTEPEC

Fuente: PROCDMX.

Por otro lado, el proyecto se enmascara en decir
que sólo el 18% corresponderá a negocios[xii]
y el resto será espacio público. Esto oculta cómo se puede privatizar espacio
público, sin necesidad de que un privado tome titularidad del mismo. La mayor
parte de los puntos de entrada y salida de la estructura elevada contaran con
comercios, e incluso un centro comercial, pegado a la glorieta de los
Insurgentes. Esto le da un control directo a los privados sobre el “espacio
público nuevo”, sin necesidad de tener titularidad de todo el espacio. Es la
misma situación que sucede con las playas del país, pues todas son públicas,
pero los hoteles privados se localizan de tal forma que bloquean el acceso a
este espacio público a todos aquellos que no estén hospedados o consuman en el
mismo. La posición del comercio es estratégico para su control por los privados.

Por último, el estacionamiento de Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) es un espacio que ha quedado desconectado del espacio
público, ya que el diseño de avenida Chapultepec y la Glorieta de los
Insurgentes están pensada en función del auto, no del peatón. Así, al construir
sobre este un centro comercial no es que se esté devolviendo el espacio público
al público, pues incluso 77 cajones del estacionamiento de la SSP permanecerán
en el lugar[xiii].
Se está creando suelo para fines comercial, que aproveche los flujos
peatonales, tal como hoy sucede en CETRAM el Rosario y Ciudad Azteca, no se
está creando espacio público que se pueda gozar sin necesidad de consumir. El
diseño sin duda está en función de la rentabilidad comercial, no de las
necesidades públicas, mucho menos de la cultura.

4. No
implica cambios de uso de suelo

Se menciona que este proyecto no implica cambios de
usos de suelo; pero nunca se niega los incentivos que generará para el
desarrollo inmobiliario en avenida Chapultepec; suele haber una mención al
incremento de la “plusvalía de los inmuebles” y diagramas que muestran el
incremento de alturas (Véase Imagen 1). Lo cual en sí mismo es peor, pues el
proyecto como tal no  forma parte de
ningún instrumento de planeación del Distrito Federal. Así se promueve un
desarrollo inmobiliario no controlado, el cual puede tener enormes efectos
negativos al rebasar la capacidad de carga de los servicios públicos de la
zona. Tal como ha sucedido hoy en la colonia Granadas debido al enorme
desarrollo inmobiliario sin planeación integral.

IMAGEN 2:
EFECTOS ESPERADOS DEL CORREDOR CULTURAL CHAPULTEPEC

Fuente: PROCDMX.

Además, esto terminará por incrementar los precios
del suelo y con ello las rentas y precios de los inmuebles, lo cual que
fomentará la expulsión de sus habitantes, la quiebra de los pequeños negocios y
la construcción de enormes desarrollos sin estar sujetos a una planeación
urbana ordenada. Ninguna ciudad se ha desarrollado económicamente con segundos
pisos ni centros comerciales; mucho menos sin una planeación urbana integral. 

5. No generará
costos a la ciudad

Este proyecto generara diversos costos al GDF y a
la ciudadanía, que no están contemplados. Primero, requerirá incontable hora
burocrática para sacar a delante este proyecto de manera legal. Este tiempo,
sin duda estaría mejor invertido tratando de resolver situaciones más
apremiantes. Segundo, se requerirá usar fondos públicos para dotar de
transporte público estructurado a esta avenida, pues no están contemplados
dentro del proyecto. Tercero, se generarán impactos negativos por la
construcción en la forma de tiempos de traslado y otras molestias, que serán
socializados y no absorbidos por la inversión privada. Cuarto, se está cediendo
el espacio público para la construcción de comercios.

Habría que agregar que no es del todo cierto que habrá
ingresos para la ciudad por 1,757 millones de pesos en mantenimiento. Esto sólo
sucede porque dinero que sirve para mantener la infraestructura física que
permite generar una rentabilidad comercial, y seguramente la mayor parte irá dirigido
a los locales comerciales y poco al espacio público. Habría que conocer cuánto
será para las estructuras comerciales y cuanto para el pasaje entre comercios.

Y sin duda el más grande costo que sufriremos es el
costo de los derechos que la ciudadanía pierde con esto, pues el gobierno de
Miguel Ángel Mancera establece así que la transparencia, la participación
democrática, los derechos en el espacio público, no son cosas que nosotros
podamos decidir, es algo que “deciden juntos” unos pocos.

6.
Redignificara del espacio público de Avenida Chapultepec

Sin duda es un espacio público que requiere
remodelación, al igual que muchas partes de la ciudad. Se requiere un espacio público
rico socialmente, uno en el que se pueda gozar sin necesidad de consumir algo,
uno en el cual todo tipo de personas, independiente de su condición social o
física puedan disfrutar. Es un espacio donde se pueden dar los encuentros y los
desencuentros. Un espacio donde se pueden ejercer todo tipo de derechos,
incluyendo el derecho a la protesta.

IMAGEN 3:
RENDER DE LA ENTRADA AL SEGUNDO PISO PEATONAL POR SEVILLA Y CHAPULTEPEC

Fuente: PROCDMX.

Hoy el proyecto de Corredor Cultural Chapultepec
dice que creará un espacio de usos múltiples, pero la realidad es que será un
espacio dirigido bajo la lógica comercial, en el cual se excluirá a personas
por su condición socioeconómica o física y se establecerán reglar en favor de
la generación de ingresos de los comercios, pues incluso el GDF como socio de
dicha empresa le convendrá. Curiosamente las imágenes de promoción del proyecto
(renders) lo plantean terriblemente de esa forma: las entradas al segundo y
hasta tercer piso se realizan por la zona comercial y entre las personas
presentes no se localiza ni una de tez morena, con discapacidad, de edad
avanzada o de tallas  grandes (Véase
Imagen 3).

Le redignificación del espacio público implica
espacios de disfrute sin necesidad de consumo, sin exclusión, con una
planeación integral de la zona. Hoy este proyecto no lo garantiza.

Finalmente, si el proyecto está sustentado en
argumentaciones débiles, existen críticas sustentadas, protestas vecinales y
ciudadanas, lo mejor es detenerlo y reponer todo el proceso. Los habitantes de
la Ciudad de México nos merecemos algo mejor; no un centro comercial.

Nota: originalmente publicada en el blog La Brújula, de Nexos.