El gran pendiente de la agenda urbana del Distrito Federal: la participación democrática

En las últimas semanas ante las
obras promovidas o permitidas por el GDF, ha despertado un enorme descontento
entre diversos sectores de la población. 
Esto va desde vecinos afectados por las mismas hasta grupos de expertos
y profesionales interesados en el futuro de la ciudad.

El circuito interior, el Corredor
Chapultepec, los cambios de usos de suelo en diversas colonias, grandes desarrollos
inmobiliarios, segundos pisos, ZODES, entre otras obras, así lo atestiguan. En
general hay un problema de que los beneficios de estas obras se encuentran
focalizados, perjudicando en la mayor parte de los casos a los vecinos y a la población
de la ciudad. Esto sin que haya herramientas institucionales para que la voz de
los afectados sea tomada en cuenta. La descalificación ha sido continua,
minimizando las protestas, tildándolos de “vecinocracia”,
escudándose en estudios técnicos realizados a medida de la obra.  Gran parte de la población sólo ve decisiones
verticales detrás de esto y no un “decidiendo juntos”, lema de la presente
administración de Miguel Ángel Mancera en el DF. Esto crea un déficit
democrático profundo, que resulta en oposición ciudadana a los proyectos
urbanos.

Ante esta situación han surgido
distintas propuestas para solucionar este problema. La primera, grupos de
vecinos se encuentran promoviendo una moratoria urbana,
es decir, que se detenga el desarrollo de grandes obras y desarrollos
inmobiliarios hasta que haya un Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU)
actualizado. Sus razones son comprensibles, pues ejemplo tras ejemplo han
resultado en afectaciones negativas para ellos y el último PGDU es de 2003. La
moratoria se promueve mediante la aplicación de un mecanismo de  democracia directa: un plebicito vinculante
(más información  aquí y aquí).
Cabe aclarar que Ricardo
Pascoe ya había propuesto también una moratoria urbana.

Esta propuesta ha sido retomada
en parte por MORENA, que además retoma otras exigencias de grupos de
vecinos, propone modificar la Ley
de Desarrollo Urbano, derogar los artículos 40
y 41 de la misma ley (causantes de cambios de usos de suelo arbitrarios),
además de modificar la norma
26 de vivienda social usada para la construcción de desarrollos
inmobiliarios de forma irregular y
cancelar todas las ZODES. También propone la instalación de
mecanismos de participación ciudadana vinculatoria a toda obra inmobiliaria y
en la modificación de los programas de desarrollo urbano.

Por su parte, el PRD-DF establece
en su agenda
legislativa una nueva Ley de Desarrollo Urbano,  reformar sus artículos 40 y 41 (del cual ya
hay una iniciativa de decreto en la ALDF[i]);
así como modificar la norma 26 de vivienda social. Además de que coincide con
la actualización del PGDU-DF, con más de 12 años sin ser modificado. Aunque las
propuestas del GDF han sido descalificada
de inmediato por Vecinos Unidos y la ALDF
ha pedido a Mancera que prorrogue la suspensión de la norma 26.

De las propuestas partidistas pareciera
que sólo MORENA comprende que el problema es uno de democracia en la ciudad, que
va más allá de la Ley de Desarrollo Urbano, las normas generales de ordenación,
sino que implica la Ley de Participación Ciudadana; aunque pareciera que no
tener claro que también se requiere modificar.

Esta última ley es en muchos
sentidos arcaica y poco funcional para la planeación y  construcción de infraestructura y desarrollos
urbanos. Si bien tiene definido mecanismos de participación, no especifica
procedimientos o tiempos para su aplicación para este tipo de proyectos. Es en
cierto modo “asamblearia” al promover los “comités vecinales” y así dificultar
la participación de individuos aislados o grupos pequeños y, por lo tanto,  genera incentivos negativos a la creación de
grupos clientelares. Incluso, tiene mecanismos absurdos de participación
como  los “recorridos del Jefe
Delegacional”, que implica que dicho funcionario realice un recorrido por las
calles, se considera como un mecanismo de participación ciudadana. También está
el caso de los “contralores ciudadanos”, que suelen
carecer de capacitación para ejercer sus funciones. Esta falta de procesos
claros y mecanismos de participación ciudadana incluso es contraproducente para
ciertos desarrolladores inmobiliarios que se ven extorsionados por grupos de
vecinos, para no hacer escándalo y puedan construir sin problema. 

Ahora bien, imaginemos que se
modifica la Ley de Desarrollo Urbano y ahora se exige como obligación la
participación ciudadana para todo proyecto inmobiliario y de infraestructura.
Sin una modificación de la Ley de Participación Ciudadana se pueden dar
ejercicios que no cumplan el objetivo, como sucede hasta hoy, con lo que no se
cambiaría mucho de la situación actual e incrementaría únicamente el
descontento ciudadano con estos proyectos, su oposición, y en última instancia
con la democracia misma. De igual manera,  hay otros mecanismos para realizar obras y
proyectos que no requieren pasar por mecanismos de control democrático, como
las Asociaciones Público Privadas; situación que debe ser revertida. 

Esto no ha sido problematizado
fondo y apremia que se trate, dado que de ello depende el futuro de la ciudad y
de su construcción democrática. La participación ciudadana efectiva se requiere
desde antes del inicio de un proyecto hasta en su seguimiento. Esto es de desde
la elaboración del diagnóstico, la conceptualización de las soluciones, la
ejecución de la obra, su implementación y su seguimiento. Debido a esto, la
participación ciudadana no se puede encasillar en un solo momento ni en un
método. Los procesos e los proyectos son largos y tienen diferentes etapas, por
lo que se requieren diferentes métodos y niveles de involucramiento en cada
etapa (Aquí se puede consultar un resumen
de diferentes métodos).

Cuando se realice un diagnóstico
no es adecuado ponerlo a votación entre la ciudadanía sí es o no correcto, por
igual, cuando está prácticamente todo decidido tampoco es adecuado someter a
votación de sí o no un proyecto; como  el
caso del Corredor
Chapultepec, que además se hace bajo un mecanismo
no vinculatorio como es una consulta ciudadana. Es por ello que la
participación ciudadana debe ser oportuna (desde el principio de todo
proyecto), accesible (en términos de lenguaje), con información completa (que
incluya beneficios, riesgos, daños, etc.), continua y abierta a lo largo de
todo el proceso; de lo contrario son sólo ejercicios pseudo-democráticos.

Es así que también se requiere
modifica la Ley de Participación Ciudadana, las facultades del Instituto
Electoral de Distrito Federal (IEDF), y otras reglamentaciones relacionadas
para lograr una participación ciudadana efectiva.

El ejemplo francés es remarcable
para ello: Ahí “la
consulta ciudadana a nivel urbano es una obligación legal en cualquier
desarrollo o en los documentos de planificación oficiales, y el responsable de
realizarla es el propietario del desarrollo, sea un agente público o privado.
Esta disposición puede ser sancionada por el juez administrativo, por lo que
hay una alta efectividad de su cumplimiento. La legislación no establece
mecanismos para la consulta, pero faculta al órgano de representación municipal
o intermunicipal a fijar sus propias medidas. La ley sólo establece que debe
haber un diálogo, la necesidad de establecer las condiciones, y que el órgano
de representación se pronunciará para determinar la carpeta final del
proyecto(s) de que se trate. Además, existe una Comisión Nacional para el
Debate Público para garantizar, cuando hay un gran proyecto de desarrollo, que
los mecanismos de consulta se implementen correctamente. Su papel es también
asesorar a los propietarios de un proyecto, las autoridades públicas y, de
manera general, para emitir toda opinión y recomendación que facilite a
desarrollar el diálogo con el público”.[ii]

En este sentido, y siguiendo el
ejemplo francés, las modificaciones deberán establecer obligaciones, sugerir procesos
y establecer la obligatoriedad durante todo el proceso de desarrollo de
proyectos urbanos. Participación que 
debería ser sancionada por el IEDF o aplicada, siempre bajo
financiamiento de quien desea ejecutar la obra. A lo cual hay que sumar mejoras
en los mecanismos “democráticos indirectos» (representación política,
rendición de cuentas,  transparencia,
procuración de justicia, entre otros) para que su efectividad no se vea
limitada.

Esto conlleva el incremento de
los tiempos y costos de ejecución de proyectos y obras de infraestructura e inmobiliarias,
pero serían marginales. Por el contrario, sus beneficios serían amplios, desde
permitir asegurar las inversiones, hasta incrementar la calidad de la
gobernabilidad democrática[iii].
Incrementar la deliberación pública de la construcción de la ciudad sólo puede
conllevar el fomento último de la democracia
urbana y el bienestar general. Algo esencial para una ciudad cada vez más
desigual por su construcción misma, como lo es hoy en día el Distrito Federal.