Lo que parecen omisiones en la 4T referentes a la gestión y los recursos de la Administración Pública Federal (APF) son síntomas de las contradicciones que existen en los intentos por transformarla. Estos ponen en riesgo, por lo menos en el mediano plazo, las promesas de un gran cambio en México. Un cambio que es altamente necesario ante la desigualdad en un país en donde el 1% de la población (de mayores ingresos) acapara el 20% de los ingresos totales.
Es importante entender a la APF como una estructura con ideología, poder y controles internos acordes a cierto modelo económico. En las administraciones anteriores se ajustaba al paradigma neoliberal, con sus procesos y discursos técnicos, su «crony capitalism» (capitalismo de cuates, es decir, corrupción) y su antidemocracia en la toma de decisiones. Una administración regida por los tecnócratas y sus camarillas corruptas que gestionaba la inacción (a favor y en contra de algunos) con un discurso técnico supuestamente neutro tendiente a despolitizar las decisiones públicas.
Para generar una ruptura política y cambio social, la 4T requiere transformar esta estructura. La llamada “austeridad republicana”, en forma de recorte de recursos presupuestarios y plazas de la APF, ha sido la herramienta principal desplegada para ello, sirviendo tanto de solución como de acción disciplinaria. Al mismo tiempo, ha sido el método para financiar los nuevos proyectos y programas sociales (mediante la redistribución y la resignación del presupuesto).
Parecería que en esta afrenta existe un desprecio por los procesos y decisiones “técnicas”, lo que está desmantelando las capacidades institucionales de la APF y llevando a errores en la cancelación de proyectos y políticas públicas. Sin embargo, el paradigma técnico neoliberal ha creado leyes, reglamentos, procesos, evaluaciones y distribución de privilegios propios durante sus más de tres décadas de dominación, mismos que obstaculizan el cambio. De ahí el retiro de ciertos cuadros burocráticos, así como la minimización de la importancia de críticas y recomendaciones de exfuncionarios y de los llamados «expertos» fuera del gobierno.
Difícilmente se puede criticar la necesidad de reducir el exceso y dispendio de administraciones anteriores como parte de un compromiso ético y de justicia. No obstante, la austeridad republicana es una herramienta de corto plazo, no una solución en sí misma para el cambio definitivo de la APF a favor de los trabajadores y del país. Por el contrario, este camino debilitará a la APF en el mediano plazo, impidiendo que alcance su objetivo: acabar con el Estado neoliberal y disminuir la desigualdad. El recorte de recursos para su resignación tiene sus límites y las ganancias de retirar presupuesto de áreas importantes para una política de justicia social de izquierda (salud, educación, artes, ciencias) puede generar costos a largo plazo. Tampoco existen hoy los cuadros burocráticos y técnicos necesarios para un reemplazo masivo, por lo que se requiere en buena medida trabajar con el personal existente e integrarlos a la transformación. De continuar, estas acciones pueden llevar a una APF que termine siendo poco operativa, con capacidad técnica débil y corruptible. Acciones que proporcionan armas políticas a los adversarios para mover discursos que jamás hubieran adoptado en las administraciones que apoyaban o a las que pertenecieron, además de que se les permite cumplir su sueño neoliberal del gobierno mínimo.
No es que se esté entrando a una “tercera etapa del neoliberalismo” en México por la aplicación de una política de austeridad republicana, pero tampoco estamos sembrando la salida definitiva de ese laberinto. Para evitar que grupos políticos abiertamente neoliberales retornen al gobierno federal y que se bloquee por años el cambio, se requiere de un nuevo modelo de administración pública y de recaudación de recursos que financie la formación de nuevos servidores públicos y cuadros técnicos, e impulse la reducción de las desigualdades sociales. Basta recordar que México, además de ser de los países de la OCDE que menos recauda y que menos redistribuye la recaudación, el 43% de su población se conforma por pobres.
Se requiere un Estado fuerte con una APF con vocación de servicio, profesionalizada, con una gran escala, financiada adecuadamente y que redistribuya la riqueza. Una administración que sea radicalmente democrática, cuyo objetivo sean los trabajadores y sus familias. Se han dado los primeros pasos al desmantelar parte de la estructura tecnocrática, pero esto es insuficiente si lo que se busca es un proyecto de izquierda que cambie profundamente al país.
*Agradezco los comentarios de Ana Sofía Rodríguez, cualquier error u omisión son de mí responsabilidad.
[Publicado originalmente en Revista Común]